domingo, 22 de marzo de 2015

La insolvencia sobrevenida del grupo BPA

La reciente intervención de la Banca Privada de Andorra ( BPA ) y de su filial española Banco de Madrid, abren nuevos interrogantes sobre la seguridad jurídica del sistema bancario, traduciéndose en una mayor desconfianza, si cabe, sobre un sector que nadie es capaz de regular ni comprender.

Para empezar habría que recordar que en julio de 2013 el HSBC ( banco que tiene sus orígenes en el comercio del opio chino ) tuvo que pagar una multa de 1.470 millones de € por blanqueo de capitales, principalmente de los cárteles mexicano y colombiano. Más recientemente, en junio de 2014, fue BNP Paribas quién tuvo que asumir una sanción de 7.000 millones de € por falsificar reportes financieros y conspirar contra EEUU ( al haber maquillado operaciones con Sudán, Irán y Cuba, países sancionados por EEUU ).

En estos dos casos, si bien el de BNP no supone blanqueo de capitales, no fue necesaria la intervención de los bancos para asegurar el cese de actividades ilícitas. Se produjo la investigación y el cese de algún responsable, pero se confió en los directivos de estas entidades, evitando la alarma social que genera una intervención. Evidentemente, estos dos bancos son sistémicos y poco tienen que ver con BPA en cuanto a dimensión, pero se podría haber actuado de igual forma con la entidad andorrana.

Subyace en este inusual proceder, la intervención bancaria cuando no existía insolvencia, que se ha agravado el blanqueo de capitales por la procedencia de dicho capital, concretamente de actividades ilegales relacionadas con personajes de nacionalidad rusa, china o venezolana. Provocando que una entidad que era solvente y efectuaba prácticas ilegales que debían ser sancionadas, se convierta en una entidad insolvente en horas.

El grupo BPA, según sus últimos estados financieros publicados que son de 2013, consiguió un beneficio neto de 20,5 millones de €. La entidad había incrementado los recursos gestionados un 35 %, alcanzando 8.070 millones de € de volumen de negocio, su ratio de liquidez era del 80,3 % y su ratio de solvencia del 17,03 %. Sus cuentas están auditadas, sin salvedades, por Deloitte. Como anécdota, reseñar que el presidente del comité de auditoría y control de la entidad, además de consejero, era el ex Caixa Catalunya Ricard Climent. Que dejo la entidad a partir de la fusión con Caixa Tarragona y Manresa tras ser indemnizado con 1,37 millones de €.

Sucede algo parecido con su filial Banco de Madrid que había experimentado incrementos notables en los últimos tiempos, si bien su actividad estaba centrada en la banca privada y más concretamente en las SICAV. En las últimas cuentas publicadas ( tercer trimestre de 2014 ) tenía unos 674 millones de € en depósitos de clientes, que pueden ser parte de los perjudicados por su intervención. La mayoría de recursos gestionados por esta entidad, unos 6.000 millones de €, estaban invertidos en fondos de inversión, acciones o SICAV, que se sitúan fuera del balance del banco.

Dentro de los parámetros que rigen el sistema bancario se podía considerar que estas entidades eran solventes, pero la alarma generada por la intervención, traducida en desconfianza, provoca que muchos clientes quieran retirar su dinero simultáneamente. Cuando esto sucede, el banco no puede hacer frente a estas peticiones de efectivo y se declara en suspensión de pagos ( en el mejor de los casos ) y entonces el organismo competente o lo rescata o lo deja caer.

Aunque a estas alturas casi todo el mundo sabe cómo funcionan los bancos, para los despistados, indicarles que cuando uno abre una cuenta en un banco, sea corriente, a la vista, depósito…, el banco utiliza ese dinero con el fin que crea conveniente y únicamente ha de preservar una parte simbólica por si los clientes necesitan retirar efectivo. Cuando esa parte simbólica que han reservado no puede hacer frente a las peticiones de efectivo, se produce la suspensión de pagos.

El resto del dinero que se depositó al banco está invertido en diferentes activos ( inmuebles, acciones, préstamos, bonos…etc ) y no se puede recuperar al momento, se han de ir vendiendo estos activos para poder obtener efectivo. Cuando hay prisas por vender se suele hacer a un precio inadecuado, más aun teniendo en cuenta que la contraparte ( el comprador ) sabe de la situación. Fruto de esta dinámica resulta casi imposible que el efectivo obtenido por las ventas de las diferentes inversiones pueda cubrir el dinero que en su momento aportaron los clientes, produciéndose la quiebra de la entidad ( patrimonio negativo ).

Por suerte para los depositantes existe el FGD ( Fondo de Garantía de Depósitos ) que cubre hasta 100.000 € por titular y entidad las cuentas de los clientes. La mala noticia es que el fondo tiene patrimonio negativo, creo que a eso se le llama quiebra en circunstancias normales. Pero no hay que preocuparse, al parecer este fondo puede tener patrimonio negativo y rescatar depósitos hasta el infinito.

Fuentes: www.bpa.ad