Ayer se formalizó, con la firma de los sindicatos y el BBVA, el acuerdo definitivo del último ERE que se ha producido en CatalunyaCaixa. Tal como se pactó a finales de julio el número de personas afectadas por el ERE ascendía a 1.557, acuerdo conseguido a los pocos días de efectuar una jornada de huelga que incluyó una manifestación por parte de los trabajadores.
Parece que el efecto de la huelga y manifestación fue tan fructífero que la empresa decidió devolver a los trabajadores que habían participado en ella, el importe que se les dedujo de su salario al ausentarse de sus obligaciones laborales durante aquella jornada, gran logro sindical que expone el gran quebranto que le supuso al BBVA la medida de presión en la firma del acuerdo del 31 de julio de 2015.
Una vez firmado este acuerdo se ofrecieron diferentes medidas “ voluntarias “ para que los trabajadores se apuntasen obteniendo alguna mejora, prejubilaciones, excedencias remuneradas, dimisiones voluntarias incentivadas y bajas incentivadas con prima de voluntariedad, como se puede observar todo muy voluntario y happy. Además BBVA recolocará en su grupo a 400 personas, 150 en Catalunya y el resto en territorio nacional.
Para que los trabajadores pudiesen decidir que les convenía más, en base a su situación, se les abrumó con un alud informativo de tal magnitud que fueron incapaces de entender nada. Así se estipuló que el criterio de afectación sería la amortización del puesto de trabajo, de tal forma que el cierre de un centro de trabajo u oficina no suponía la afectación de sus empleados necesariamente, de igual forma otros centros que permanecerían abiertos podían tener plazas afectadas. En resumen, todo el mundo tranquilo y a salvo.
Visto que el punto anterior no resolvía excesivamente la incertidumbre para poder decidir, algo que favorecía que el máximo número de personas se sintiese bajo presión y por tanto existiese mayor número de voluntariedad, se intentó aclarar de alguna forma que criterio se llevaría a cabo para determinar preferencias existirían entre los afectados.
Es decir, como se presumía que habrían más afectados por la amortización del puesto de trabajo que bajas necesarias del ERE, parte de los afectados no tendrían que abandonar la entidad y para poder decidir con cierta información, si apuntarse voluntariamente o no a la escabechina, parecía necesario saber qué criterio se iba a privilegiar ( ambidiestros, pelotas, runners…etc. ). Finalmente los sindicatos y la dirección volvieron a facilitar las cosas, en su momento se sabrá, fue el mensaje clarificador.
Acabado el periodo de adhesiones voluntarias a las diferentes medidas, se contabilizaron un total de 1.064 personas que habían optado por alguna de las opciones existentes, por lo tanto faltaban 493 personas que deberían ser afectadas forzosamente. De éstas, 400 personas pueden tener plaza en el grupo BBVA, lo que finalmente reduce el número final de salidas a 93 personas. Además se supo que el ERE afectaba a 1.073 personas de la red de oficinas y a 484 de servicios centrales.
Esto se traduce en que de los 493 afectados finales 338 lo serán de la red de oficinas y 155 de departamentos centrales. Hay que tener en cuenta que el personal afectado por amortización del puesto de trabajo supera con creces las 493 plazas, este exceso de empleados que no serán afectados y que acabarán siendo reubicados en otros centros de trabajo, lo serán bajo algún criterio objetivo, y finalmente ayer se aclaró el enigma del criterio que privilegia quién puede ser recolocado preferentemente y quién tiene menos posibilidades, la antigüedad. Concretamente a mayor antigüedad más posibilidades de continuar.
Partiendo de la base que BBVA es un grupo con enormes beneficios y que en la actualidad demanda candidatos en diferentes plataformas de empleo, resulta totalmente incomprensible despedir a 93 personas que son culpables de tener poca antigüedad.
Todos los ERE son traumáticos e injustos, más aun si quién lo ejecuta está en beneficios, pero lo mínimo exigible es que las personas puedan tomar una decisión con la más completa información, y guardarse el criterio que determina para cuando no se puede actuar deja en el peor lugar posible a los sindicatos.
