CX, un ERE sin criterio de rentabilidad

Aunque me hubiese gustado equivocarme el Estado se ha ensañado con CatalunyaCaixa, las condiciones del ERE de esta entidad no tienen parangón con ninguna otra y tanto sindicatos como el FROB han acordado un ajuste que es incomprensible desde el punto de vista empresarial y de rentabilidad.

Empecemos con los agravios comparativos inexplicables, la zona denominada “core” que hace referencia a la parte estratégica de la entidad y por tanto a las zonas geográficas donde el negocio continúa y se le supone rentable, en el caso de la entidad catalana ha sido exclusivamente Catalunya. En NCG Banco se dictaminó que era Galicia, Asturias y León, con Bankia el criterio ha sido totalmente laxo y mantiene oficinas en toda la geografía española, como por ejemplo Euskadi.

Esta diferencia de criterios ha supuesto la imposición del cierre de todas las oficinas de CatalunyaCaixa fuera de Catalunya, independientemente de la rentabilidad de dichas unidades de negocio y teniendo tiempo hasta el año 2016 para intentar venderlas en las mejores condiciones posibles de mercado, sin embargo se ha optado por no recuperar ni un céntimo y llevar a cabo una escabechina con la plantilla.

Guste o no guste, histórica y culturalmente, Catalunya tiene muchas más afinidades territoriales con Baleares y Valencia que Galicia con Asturias y León, por no hablar de Madrid con Euskadi.

Inexplicablemente los sindicatos han aceptado esta discriminación que seguramente fue delimitada por los gobernantes del país en la negociación del MoU, algo que destila intereses políticos por todas partes.

El gran logro de los sindicatos es que han conseguido finalmente una indemnización de 30 días con un máximo de 22 mensualidades, además de una prima de voluntariedad y 700 € por año trabajado. Sin embargo han aceptado que de las 2.153 personas afectadas por el ERE solo 400 puedan ser mayores de 50 años, algo que no sucedió con el resto de nacionalizadas.

Es cierto que la ley fue modificada por el gobierno y actualmente penaliza los despidos de este colectivo, pero resulta más que evidente que si el coste no lo quiere soportar la entidad, lo tendrá que asumir el comprador, y el FROB deberá compensarle económicamente por ello. Así que el ahorro es nulo y el resultado de este proceder supone únicamente el drama para muchas personas.

Este hecho pone en relieve que los criterios de afectación del ERE están condicionados a dos parámetros absurdos, el geográfico y el de edad. No se tiene en cuenta la rentabilidad ni el coste salarial de los trabajadores, por no hablar de criterios más subjetivos como el talento y el capital humano. De hecho, el escrito que la entidad ha entregado a los afectados contempla que ningún trabajador mayor de 50 años que no lo solicite expresamente causará baja, siendo reubicado en una vacante.

En todo este galimatías suscrito entre las partes a altas horas de la madrugada de cuarenta y pico páginas, aparecen acuerdos incomprensibles. Por ejemplo, para recolocar a uno de los afectados en alguna vacante ( puesto que deja libre alguien que no está afectado de forma voluntaria ), tendrán preferencia los de la zona “legacy” ( fuera de Catalunya ) sobre los de la zona “core” ( Catalunya ). Entiendo que si cierran una oficina en Cáceres o en Lleida automáticamente es legacy en ambos casos y la situación es igualmente dramática para las personas, así que no se comprende que unos tengan preferencia sobre otros estando exactamente en las mismas circunstancias.

Se contempla un redimensionamiento de los servicios centrales de la entidad, es decir, una reducción del personal. Se supone que se llevará a cabo con posterioridad a la masacre efectuada con la plantilla de oficinas. Lógicamente el personal afectado de servicios centrales tendrá que ser enviado a la red comercial o abandonar la entidad, un contrasentido si nos atenemos a que personas con perfil comercial no van a tener plaza en su puesto natural de trabajo y sí personas de perfil técnico que no lo desean.

En realidad este ERE deja totalmente desamparados a los empleados de fuera de Catalunya y a los menores de 50 años, no se entiende muy bien que los sindicatos no hayan defendido al colectivo mayoritario de la entidad. La reforma laboral limita mucho el papel sindical pero lo que han suscrito los sindicatos es totalmente inaceptable y condena a muchas personas que no se quieren marchar, sin embargo otros muchos que lo desean no lo podrán hacer por ser mayores de 50 años.

Para acabar de rematarlo el futuro comprador impondrá una nueva reestructuración, en caso que exista. La entidad ha perdido valor con este ajuste que no contempla el criterio de rentabilidad, ni en la zona legacy ni en la core. La limitación geográfica a Catalunya resta interés para los inversores extranjeros, CaixaBank supondría el cierre de prácticamente todas las oficinas de la entidad y Santander sigue exigiendo muchas contraprestaciones.

Por último expresar mi solidaridad con todos los afectados, un momento dramático que no es culpa de los incompetentes dirigentes que ha tenido la entidad en los últimos años. Estos la han llevado a la quiebra pero las condiciones del ERE han sido impuestas por el Estado. Ánimo y suerte.

PD : Dedicado a un amigo que está padeciendo este proceso.