Mientras se cesa a una directora de la Agencia Tributaria por tener la ocurrencia de querer multar con 450 millones de € a la multinacional cementera CEMEX, por no pagar los impuestos correspondientes, y se sigue gravando a los bancos al 0 % con el impuesto a los depósitos, para unificar las díscolas tasas impositivas de las autonomías, algunos despistados ciudadanos se manifiestan para protestar por los recortes impuestos a casi toda la sociedad, hay que aprovechar a hacerlo antes de que entre en vigor la nueva ley que impedirá cualquier tipo de protesta ciudadana en este país, paradigma de la libertad y la democracia.
Paralelamente las entidades financieras van presentando sus resultados del tercer trimestre del año con incrementos en sus beneficios. Llama la atención que incluso las que han tenido que ser rescatadas con miles de millones, aportados por los ciudadanos, presenten de cara a la galería el lavado de imagen de sus cuentas artificiosamente saneadas, hay que transmitir confianza al mundo.
Los clientes de las nacionalizadas que tuvieron la suerte de súbitamente convertirse en accionistas, gracias a la metamorfosis de sus híbridos, han adquirido la máxima relevancia al ser los artífices del saneamiento de las cuentas de resultados de estos bancos, convirtiendo en estéril la mal remunerada labor de sus gestores.
Adelantados a su época, han aceptado una devaluación competitiva de su capital para hacer más solvente a su ONG bancaría. Y en este caso sí que ha existido un “fin i quito “ en diferido, para vanagloria de su ideóloga, incomprendida, María Dolores de Cospedal. Los royalties por la patente de su brillante ocurrencia le permiten disfrutar de un relaxing cup of… en su discreta vivienda de 2 millones de €.
Como resultado de este ejercicio de solidaridad sin precedentes, Bankia consiguió unas plusvalías de 1.800 millones €. Gracias a la recompra de los híbridos a precio de mercado, dictaminado por un experto in, dependiente de quién le contrató. En el caso de NCG Banco las plusvalías fueron de unos 1.300 millones de € y en Catalunya Banc de unos 627 millones de €.
Posteriormente y gracias a la generosidad de los bancos, se abrió la posibilidad del arbitraje para compensar a algunos clientes. Hasta la fecha, esto se ha traducido en que Bankia ha provisionado unos 825 millones de € para hacer frente a las solicitudes, lo que supone un 45,8 % de las plusvalías. Con NCG no existen datos concretos, las asociaciones de afectados afirman que faltan por recuperar unos 500 millones de €, lo que supone que la entidad habría devuelto unos 800 millones de € ( un 61,5 % ). En el caso de CatalunyaCaixa se han abonado 195 millones de €, lo que supone un 31 % de las plusvalías, aunque informaciones recientes hacen referencia a una nueva fase de arbitrajes a partir de enero.
El viernes se publicó que la entidad catalana había obtenido un beneficio de 187 millones de €, y según la nota enviada a la CNMV aparece una partida de 470 millones de € que corresponde a “ Resultado operaciones financieras y otros productos y cargas”, básicamente la inestimable aportación de los tenedores de híbridos durante el presente ejercicio.
En el supuesto que no se hubiese producido esta extraña circunstancia durante este año, el resultado que hubiese presentado la entidad sería de 283 millones de pérdidas. Aunque siempre se podrían disminuir las dotaciones y efectuar una valoración más favorable en la depreciación de sus activos.
Fuentes: www.cnmv.es, www.farodevigo.es ,www.elconfidencial.com
domingo, 24 de noviembre de 2013
sábado, 16 de noviembre de 2013
Repasando el ERE de CatalunyaCaixa
A la espera que el día 10 de Diciembre se dirima en la Audiencia Nacional la impugnación del ERE de CatalunyaCaixa presentada por el sindicato ATRAE, recientemente se han publicado en la mayoría de medios las cifras finales de este expediente carente de toda lógica. Las cifras publicadas por Europa Press y replicadas por todos los diarios han sido facilitadas por fuentes sindicales de la entidad, curiosamente ningún sindicato ha facilitado estos datos a los empleados de la propia entidad de forma oficial.
Oficiosamente y desde el día 7 de noviembre ya se filtró que el número de bajas solicitadas era de 1.870, que incluirían unas 230 solicitudes de personal mayor de 50 años que no tienen cabida en las plazas pactadas ( 401 para mayores de 50 años ). De esta forma el número real de bajas voluntarias que se aceptarán rondan las 1.640, lo que supone que unas 500 personas deban abandonar forzosamente la entidad para alcanzar los 2.153 despidos.
En realidad esto tampoco es del todo cierto, al parecer a este colectivo de 230 personas que desean marcharse pero no pueden, se les ofrecía la posibilidad de optar por la reducción de jornada al 50 %. De tal forma que cada 2 personas que lo aceptasen liberaban una plaza vacante para algún afectado, cabe suponer que nadie ha considerado conveniente esta propuesta ya que según mis informaciones no se ha incrementado el número de vacantes ofrecidas.
El número de personas no afectadas que han solicitado marcharse voluntariamente asciende a 770, que en situación normal y según lo firmado en el acuerdo del ERE generan una vacante para los afectados, pero esto finalmente no es así.
El acuerdo alcanzado con la Comisión Europea contemplaba el cierre de la totalidad del negocio fuera de Catalunya y las sedes centrales de Tarragona y Manresa, ofreciendo una horquilla de personal que se debía concretar en la negociación. El criterio para determinar que personas estaban afectadas por el ERE era el cierre de su centro de trabajo, pero se hizo una excepción con las sedes de Tarragona y Manresa al determinar que solo estaba afectado el edificio y no sus empleados. Esto provocó que de los 2.153 empleados que debían despedirse, el ERE afectó a poco más de 1.800.
Entonces se estipuló que para llegar a la cifra total se afectaría a empleados bajo criterios de eficiencia, algo tan difícil de demostrar que es inviable y en la práctica se han restado las primeras 300 vacantes para alcanzar el número necesario de despidos.
Con todo, las vacantes son reales ya que existen 300 personas que se irán e inicialmente nadie suplirá ese puesto. Una vez despedidos los afectados, personal de oficinas, serán asignadas a personal de departamentos centrales. Como se estipula en el acuerdo hay que ejecutar un redimensionamiento de los servicios centrales, pero queda terminantemente prohibido que sus trabajadores estén afectados por el ERE. ¿ Tiene esto alguna lógica empresarial ? ¿ la mayoría de delegados sindicales trabajan en servicios centrales ?.
Finalmente el número de vacantes que se ofrecieron a los afectados fueron unas 200, como en esa entidad nadie explica nada resulta casi imposible cuadrar los números, dirección y sindicatos guardan voto de silencio desde que se acordó el ERE, mientras intercambian cromos a espaldas de la plantilla.
El acuerdo contempla que se pueda reducir el número de despidos si se produce la venta de su filial inmobiliaria, oficinas y outsourcing. Aunque para ello es necesario que el personal no haya extinguido su relación laboral y muchas personas ya tienen que desvincularse a finales de este mes. Se podría dar la circunstancia que todos los afectados estuviesen ya despedidos y se tuviese que contratar nuevo personal, ya que el ERE también estipula un número mínimo de empleados que deben continuar.
En fin, una entidad que argumenta falta de solvencia para no aceptar arbitrajes, cierra unidades de negocio rentables, abarrota la unidad que no vende nada ( servicios centrales ), la dirección acepta quedarse con el personal que no quiere bajo su criterio subjetivo, los empleados con mayor coste salarial no pueden abandonar la entidad, despide a empleados con perfil comercial y los reemplaza por técnicos que tienen pánico y nulo interés por vender en la red comercial, la marca está totalmente desprestigiada… y los sindicatos se dedican a salvaguardar sus intereses personales. ¿ Cuántos días puede aguantar ?
Fuentes: www.lavanguardia.com
Oficiosamente y desde el día 7 de noviembre ya se filtró que el número de bajas solicitadas era de 1.870, que incluirían unas 230 solicitudes de personal mayor de 50 años que no tienen cabida en las plazas pactadas ( 401 para mayores de 50 años ). De esta forma el número real de bajas voluntarias que se aceptarán rondan las 1.640, lo que supone que unas 500 personas deban abandonar forzosamente la entidad para alcanzar los 2.153 despidos.
En realidad esto tampoco es del todo cierto, al parecer a este colectivo de 230 personas que desean marcharse pero no pueden, se les ofrecía la posibilidad de optar por la reducción de jornada al 50 %. De tal forma que cada 2 personas que lo aceptasen liberaban una plaza vacante para algún afectado, cabe suponer que nadie ha considerado conveniente esta propuesta ya que según mis informaciones no se ha incrementado el número de vacantes ofrecidas.
El número de personas no afectadas que han solicitado marcharse voluntariamente asciende a 770, que en situación normal y según lo firmado en el acuerdo del ERE generan una vacante para los afectados, pero esto finalmente no es así.
El acuerdo alcanzado con la Comisión Europea contemplaba el cierre de la totalidad del negocio fuera de Catalunya y las sedes centrales de Tarragona y Manresa, ofreciendo una horquilla de personal que se debía concretar en la negociación. El criterio para determinar que personas estaban afectadas por el ERE era el cierre de su centro de trabajo, pero se hizo una excepción con las sedes de Tarragona y Manresa al determinar que solo estaba afectado el edificio y no sus empleados. Esto provocó que de los 2.153 empleados que debían despedirse, el ERE afectó a poco más de 1.800.
Entonces se estipuló que para llegar a la cifra total se afectaría a empleados bajo criterios de eficiencia, algo tan difícil de demostrar que es inviable y en la práctica se han restado las primeras 300 vacantes para alcanzar el número necesario de despidos.
Con todo, las vacantes son reales ya que existen 300 personas que se irán e inicialmente nadie suplirá ese puesto. Una vez despedidos los afectados, personal de oficinas, serán asignadas a personal de departamentos centrales. Como se estipula en el acuerdo hay que ejecutar un redimensionamiento de los servicios centrales, pero queda terminantemente prohibido que sus trabajadores estén afectados por el ERE. ¿ Tiene esto alguna lógica empresarial ? ¿ la mayoría de delegados sindicales trabajan en servicios centrales ?.
Finalmente el número de vacantes que se ofrecieron a los afectados fueron unas 200, como en esa entidad nadie explica nada resulta casi imposible cuadrar los números, dirección y sindicatos guardan voto de silencio desde que se acordó el ERE, mientras intercambian cromos a espaldas de la plantilla.
El acuerdo contempla que se pueda reducir el número de despidos si se produce la venta de su filial inmobiliaria, oficinas y outsourcing. Aunque para ello es necesario que el personal no haya extinguido su relación laboral y muchas personas ya tienen que desvincularse a finales de este mes. Se podría dar la circunstancia que todos los afectados estuviesen ya despedidos y se tuviese que contratar nuevo personal, ya que el ERE también estipula un número mínimo de empleados que deben continuar.
En fin, una entidad que argumenta falta de solvencia para no aceptar arbitrajes, cierra unidades de negocio rentables, abarrota la unidad que no vende nada ( servicios centrales ), la dirección acepta quedarse con el personal que no quiere bajo su criterio subjetivo, los empleados con mayor coste salarial no pueden abandonar la entidad, despide a empleados con perfil comercial y los reemplaza por técnicos que tienen pánico y nulo interés por vender en la red comercial, la marca está totalmente desprestigiada… y los sindicatos se dedican a salvaguardar sus intereses personales. ¿ Cuántos días puede aguantar ?
Fuentes: www.lavanguardia.com
domingo, 10 de noviembre de 2013
Solvencia y liquidez
Durante las últimas semanas muchos clientes de Catalunya con instrumentos híbridos del capital han recibido una carta notificándoles que no se les aceptaba la solicitud de arbitraje, dejándoles como única alternativa la reclamación judicial.
La carta poco clarífica el motivo de la denegación y al personarse en las oficinas para recabar más información se hace referencia a “criterios de solvencia “ de la entidad, según el dictamen del experto independiente.
Lógicamente si la entidad aduce criterios de solvencia para denegar la solicitud de arbitraje, está reconociendo que no es solvente. El argumento que esgrime, pronunciado por el propio personal del banco, resulta la peor propaganda posible que se le puede hacer a una entidad financiera, algo que solo puede llevar a un deterioro mucho mayor de la marca.
Paralelamente el personal, consciente de la gravedad del argumento, intenta suavizar la situación informando que la entidad goza de gran liquidez y que todos los problemas financieros que atravesaba ya están resueltos, algo que resulta totalmente contradictorio.
Por concepto, toda empresa que presente una buena liquidez es solvente, también es posible ser solvente sin generar liquidez. Pero resulta imposible ser insolvente y tener liquidez, la tomadura de pelo es infinita ya que los propios mandatarios de esta entidad han alardeado en innumerables ocasiones de la gran liquidez que posee.
La solvencia es la capacidad que tiene una empresa para generar fondos y hacer frente a los compromisos adquiridos con terceros, es decir, poder pagar las deudas contraídas en el plazo pactado. Estos recursos que genera una empresa y que configuran su solvencia pueden ser líquidos ( que haría referencia a la liquidez ) y no líquidos ( inversiones que no pueden materializarse inmediatamente pero con valor suficiente para hacer frente a las deudas ).
Por tanto, si una entidad no es solvente no puede tener recursos líquidos ( liquidez ), ya que los tiene comprometidos con sus acreedores y además no son suficientes para saldar sus deudas, ni sumando sus recursos ilíquidos.
Obviamente lo más importante en cualquier empresa es la capacidad de generar recursos con la gestión, ya que una empresa puede conseguir ser solvente en un momento puntual en el tiempo pero solamente desde el punto de vista que sus activos son suficientes para cubrir sus deudas. Es decir, si se liquida y se vende en ese momento cubre sus deudas, pero a medio y largo plazo el deterioro de los ingresos por la actividad ordinaria la hace inviable.
En resumen, si el mensaje que pretende trasladar esta entidad a los afectados por instrumentos híbridos del capital es que arriesgarse a soportar un laudo contrario a sus intereses le puede provocar la insolvencia, es que la capacidad que tiene para generar recursos con su gestión es del todo insuficiente y por tanto resulta una temeridad que alguien confíe en ella.
En cualquier caso este posicionamiento del banco en cuestión, además de erosionar su imagen y clientela, no soluciona el problema que seguramente supondrá la interposición de demandas por parte de los afectados y que debería recoger en su balance como riesgo contingente, obligándole a la correspondiente provisión.
Fuentes: www.expansion.com
La carta poco clarífica el motivo de la denegación y al personarse en las oficinas para recabar más información se hace referencia a “criterios de solvencia “ de la entidad, según el dictamen del experto independiente.
Lógicamente si la entidad aduce criterios de solvencia para denegar la solicitud de arbitraje, está reconociendo que no es solvente. El argumento que esgrime, pronunciado por el propio personal del banco, resulta la peor propaganda posible que se le puede hacer a una entidad financiera, algo que solo puede llevar a un deterioro mucho mayor de la marca.
Paralelamente el personal, consciente de la gravedad del argumento, intenta suavizar la situación informando que la entidad goza de gran liquidez y que todos los problemas financieros que atravesaba ya están resueltos, algo que resulta totalmente contradictorio.
Por concepto, toda empresa que presente una buena liquidez es solvente, también es posible ser solvente sin generar liquidez. Pero resulta imposible ser insolvente y tener liquidez, la tomadura de pelo es infinita ya que los propios mandatarios de esta entidad han alardeado en innumerables ocasiones de la gran liquidez que posee.
La solvencia es la capacidad que tiene una empresa para generar fondos y hacer frente a los compromisos adquiridos con terceros, es decir, poder pagar las deudas contraídas en el plazo pactado. Estos recursos que genera una empresa y que configuran su solvencia pueden ser líquidos ( que haría referencia a la liquidez ) y no líquidos ( inversiones que no pueden materializarse inmediatamente pero con valor suficiente para hacer frente a las deudas ).
Por tanto, si una entidad no es solvente no puede tener recursos líquidos ( liquidez ), ya que los tiene comprometidos con sus acreedores y además no son suficientes para saldar sus deudas, ni sumando sus recursos ilíquidos.
Obviamente lo más importante en cualquier empresa es la capacidad de generar recursos con la gestión, ya que una empresa puede conseguir ser solvente en un momento puntual en el tiempo pero solamente desde el punto de vista que sus activos son suficientes para cubrir sus deudas. Es decir, si se liquida y se vende en ese momento cubre sus deudas, pero a medio y largo plazo el deterioro de los ingresos por la actividad ordinaria la hace inviable.
En resumen, si el mensaje que pretende trasladar esta entidad a los afectados por instrumentos híbridos del capital es que arriesgarse a soportar un laudo contrario a sus intereses le puede provocar la insolvencia, es que la capacidad que tiene para generar recursos con su gestión es del todo insuficiente y por tanto resulta una temeridad que alguien confíe en ella.
En cualquier caso este posicionamiento del banco en cuestión, además de erosionar su imagen y clientela, no soluciona el problema que seguramente supondrá la interposición de demandas por parte de los afectados y que debería recoger en su balance como riesgo contingente, obligándole a la correspondiente provisión.
Fuentes: www.expansion.com
viernes, 1 de noviembre de 2013
¿ Liquidación o venta troceada ?
Después del acuerdo del ERE en CatalunyaCaixa , entre dirección y sindicatos, todo parece indicar que el único desenlace posible para esta entidad es la liquidación o la venta parcial de alguna de sus unidades de negocio.
Por desgracia resulta habitual que en esta entidad las decisiones sean siempre las más desacertadas. Además de no gozar de la influencia necesaria a nivel político, no existe un Feijoó o un regimiento de afiliados al PP como en Bankia, ha padecido la falta de decisiones importantes por parte de sus gestores y la pasividad de sus fuerzas sindicales.
Esta débil posición política, empeorada con las tensiones actuales por las aspiraciones independentistas catalanas y el signo socialista que históricamente ha reinado en la entidad, ya ha provocado que los afectados por productos híbridos reciban peor trato que en el resto de nacionalizadas, básicamente porque para CX no hay dinero y los arbitrajes, aunque cumplan con los discriminatorios criterios impuestos por el FROB, se deniegan.
Recientemente han sido los empleados de la entidad los que han padecido peor trato en las condiciones de su ERE, esta vez acentuado por las modificaciones legales que regulan actualmente estos procedimientos y un papel más que dudoso de los representantes de los trabajadores.
Para empezar el traumático ERE afecta a 2.153 personas e incomprensiblemente una vez publicados los centros que deben cerrar el número asciende a poco más de 1.800 personas. Coincide este hecho con la sorprendente modificación de última hora que dejó fuera del expediente a los servicios centrales de Tarragona y Manresa, expresamente citados en el “term sheet” que se acordó con la Comisión Europea.
Lógicamente si ha sido posible modificar términos consensuados con la CE, podría haberse hecho lo propio con muchas oficinas ubicadas fuera de Catalunya que aportan importantes beneficios. El argumento de que lo impone Bruselas parece contradictorio, además resulta mucho más rentable mantener oficinas con beneficios que conservar unos servicios centrales que un futuro comprador ya ostentará.
A pesar de ello se acuerda el cierre de todas las oficinas ubicadas fuera de Catalunya, imposición de Europa, y se hace lo propio con 141 oficinas de la zona de Catalunya. Capítulo aparte merece la selección de oficinas que se cerrarán en Catalunya, la mayoría de ellas rentables y sin atender a ningún criterio comprensible. No hace mucho me comentaba un abogado versado en estas lides, que los criterios de los ERE cuanto más aleatorios e incomprensibles mejor, ya que se evita que algún afectado pueda reclamar en base a criterios mesurables.
Aunque esto pueda suponer un beneficio a nivel jurídico, evitando reclamaciones, resulta bastante incomprensible pensando en el futuro de la empresa y su viabilidad. ¿ Cómo se puede renunciar a centros con beneficios ? fácil, el liquidador Pla tiene unos plazos marcados y no repara en estas nimiedades. Lo único importante es reducir la entidad en el número previsto de empleados y oficinas, luego se irá con su deber cumplido. Los sindicatos simplemente asienten y no pierden el tiempo en cuestionar las innumerables incoherencias del acuerdo.
La dirección, una vez salvados los servicios centrales ubicados en Tarragona y Manresa, propone llegar al número de 2.153 empleados a través de “criterios de gestión”. Es decir, propone que unos 300 empleados se incluyan en el ERE por baja eficiencia, pasotismo o simplemente porque no les gustan. Este criterio conlleva bastantes riesgos jurídicos, ya que es más difícil demostrarlo y podría convertirse en un despido improcedente, con un coste mucho mayor.
Entonces consensuan, dirección y sindicatos, que sean las personas que solicitan voluntariamente irse de la entidad los que posibiliten alcanzar esta cifra, y en última instancia hacer uso de los “criterios de gestión”.
El escenario final, una vez aplicado el ERE, es que se cierran muchísimas oficinas rentables en toda la geografía española. Los servicios centrales ( que viven de las oficinas mayoritariamente ) se masifican y se deberán reducir en el futuro, pero quedan salvados del ERE. La mayoría del personal sobrante de servicios centrales será enviado a la red comercial, mientras el personal de oficinas menor de 50 años será despedido , así lo determina el acuerdo, y solo podrán marcharse 400 empleados mayores de 50 años ( cuando lo desean más del doble ).
Huelga decir que la motivación de la plantilla es nula, los clientes han perdido su confianza en la entidad, la marca está estigmatizada por los híbridos y el riesgo reputacional, y después del ERE queda con menor rentabilidad y con una plantilla más reducida pero con mayor coste medio por trabajador, el personal de oficinas que deba abandonar la entidad será sustituido por técnicos de servicios centrales, el sueño de cualquier comprador.
Para esto no hacía falta contratar a McKinsey , Nomura ni … Great job ! De Guindos.
Por desgracia resulta habitual que en esta entidad las decisiones sean siempre las más desacertadas. Además de no gozar de la influencia necesaria a nivel político, no existe un Feijoó o un regimiento de afiliados al PP como en Bankia, ha padecido la falta de decisiones importantes por parte de sus gestores y la pasividad de sus fuerzas sindicales.
Esta débil posición política, empeorada con las tensiones actuales por las aspiraciones independentistas catalanas y el signo socialista que históricamente ha reinado en la entidad, ya ha provocado que los afectados por productos híbridos reciban peor trato que en el resto de nacionalizadas, básicamente porque para CX no hay dinero y los arbitrajes, aunque cumplan con los discriminatorios criterios impuestos por el FROB, se deniegan.
Recientemente han sido los empleados de la entidad los que han padecido peor trato en las condiciones de su ERE, esta vez acentuado por las modificaciones legales que regulan actualmente estos procedimientos y un papel más que dudoso de los representantes de los trabajadores.
Para empezar el traumático ERE afecta a 2.153 personas e incomprensiblemente una vez publicados los centros que deben cerrar el número asciende a poco más de 1.800 personas. Coincide este hecho con la sorprendente modificación de última hora que dejó fuera del expediente a los servicios centrales de Tarragona y Manresa, expresamente citados en el “term sheet” que se acordó con la Comisión Europea.
Lógicamente si ha sido posible modificar términos consensuados con la CE, podría haberse hecho lo propio con muchas oficinas ubicadas fuera de Catalunya que aportan importantes beneficios. El argumento de que lo impone Bruselas parece contradictorio, además resulta mucho más rentable mantener oficinas con beneficios que conservar unos servicios centrales que un futuro comprador ya ostentará.
A pesar de ello se acuerda el cierre de todas las oficinas ubicadas fuera de Catalunya, imposición de Europa, y se hace lo propio con 141 oficinas de la zona de Catalunya. Capítulo aparte merece la selección de oficinas que se cerrarán en Catalunya, la mayoría de ellas rentables y sin atender a ningún criterio comprensible. No hace mucho me comentaba un abogado versado en estas lides, que los criterios de los ERE cuanto más aleatorios e incomprensibles mejor, ya que se evita que algún afectado pueda reclamar en base a criterios mesurables.
Aunque esto pueda suponer un beneficio a nivel jurídico, evitando reclamaciones, resulta bastante incomprensible pensando en el futuro de la empresa y su viabilidad. ¿ Cómo se puede renunciar a centros con beneficios ? fácil, el liquidador Pla tiene unos plazos marcados y no repara en estas nimiedades. Lo único importante es reducir la entidad en el número previsto de empleados y oficinas, luego se irá con su deber cumplido. Los sindicatos simplemente asienten y no pierden el tiempo en cuestionar las innumerables incoherencias del acuerdo.
La dirección, una vez salvados los servicios centrales ubicados en Tarragona y Manresa, propone llegar al número de 2.153 empleados a través de “criterios de gestión”. Es decir, propone que unos 300 empleados se incluyan en el ERE por baja eficiencia, pasotismo o simplemente porque no les gustan. Este criterio conlleva bastantes riesgos jurídicos, ya que es más difícil demostrarlo y podría convertirse en un despido improcedente, con un coste mucho mayor.
Entonces consensuan, dirección y sindicatos, que sean las personas que solicitan voluntariamente irse de la entidad los que posibiliten alcanzar esta cifra, y en última instancia hacer uso de los “criterios de gestión”.
El escenario final, una vez aplicado el ERE, es que se cierran muchísimas oficinas rentables en toda la geografía española. Los servicios centrales ( que viven de las oficinas mayoritariamente ) se masifican y se deberán reducir en el futuro, pero quedan salvados del ERE. La mayoría del personal sobrante de servicios centrales será enviado a la red comercial, mientras el personal de oficinas menor de 50 años será despedido , así lo determina el acuerdo, y solo podrán marcharse 400 empleados mayores de 50 años ( cuando lo desean más del doble ).
Huelga decir que la motivación de la plantilla es nula, los clientes han perdido su confianza en la entidad, la marca está estigmatizada por los híbridos y el riesgo reputacional, y después del ERE queda con menor rentabilidad y con una plantilla más reducida pero con mayor coste medio por trabajador, el personal de oficinas que deba abandonar la entidad será sustituido por técnicos de servicios centrales, el sueño de cualquier comprador.
Para esto no hacía falta contratar a McKinsey , Nomura ni … Great job ! De Guindos.
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