Hoy, la edición impresa de La Vanguardia publica que la gran banca nacional quiere que Catalunya Banc reduzca su tamaño como paso previo a la subasta. En concreto, se pretende que la entidad se desprenda de una cartera de créditos que se consideran dudosos o incobrables, rondando la cifra de 8.000 millones de €.
Dejando al margen que la entidad incumplió la normativa sobre concentración de riesgo, al superar el límite en el sector inmobiliario, y que el BdE se dedicaba a archivar los informes que los inspectores del organismo efectuaban, alertando de los riesgos, habría que añadir que no existía criterio en la concesión de riesgos.
Cuando Oliver Wyman publicó los resultados de los test bancarios, en 2012, CatalunyaCaixa tenía unos APR ( Activos Ponderados por Riesgo ) de 42.221 millones de €. En realidad la entidad poseía más activos, aunque la metodología habitual que se emplea para analizar a la banca excluye una serie de inversiones por considerarlas exentas de riesgo, por ejemplo la deuda soberana ( je, je… ).
De esos 42.000 millones considerados como inversiones con posibilidad de riesgo, se traspasaron a la SAREB unos 16.500 millones ( recibiendo unos 6.700 millones por su transferencia ), a los que habría que añadir los 8.000 millones de € que parecen de dudoso cobro. Es decir, la entidad habría errado en sus inversiones consideradas con riesgo en un porcentaje del 58 % ( 24.500 sobre 42.000 ), algo que sin duda avalaría las altas remuneraciones de sus dirigentes.
De hecho, resulta menos arriesgado jugar a la ruleta ( rojo y negro ) con una probabilidad de pérdida del 50 %, que acertar con un préstamo solvente concedido por la entidad, 42 % de posibilidades de acertar. De lo que se deduce que cualquier persona con la facultad mental de distinguir entre el rojo y el negro ofrecería mejores perspectivas de negocio para la entidad, y seguramente no sería necesario remunerarlo con salarios acordes a personas tan capaces como las que han dejado su impronta.
El artículo también intenta explicar el motivo por lo que resulta tan complicado vender la entidad, incidiendo en el hecho que debería contabilizar su venta aumentando el déficit público. Extraño argumento que no parece haber afectado la reciente venta de NCG, si bien es cierto que en el caso de la entidad catalana las pérdidas serían mayores.
Después de múltiples declaraciones contradictorias, hay que comprender que casi han pasado dos años desde que se inicio el intento de venta, se ha anunciado que se pretende vender la entidad antes de verano. Se alternan las opciones de venta por partes o entera y también el calendario, en este proceso todo es cambiante y depende del día de la semana en que se pronuncien las declaraciones, no estaría mal que Economía y el FROB hablasen de vez en cuando para unificar criterios.
Como parece que la entidad está maldita, no se ha concretado la anunciada venta de la plataforma inmobiliaria a Kennedy Wilson. Aunque no ha trascendido información oficial al respecto, el plazo inicial acabó el 31 de diciembre de 2013 y la prórroga que se concedieron finó el pasado 31 de enero de 2014. Tampoco se ha llevado a cabo ninguna venta de su red de oficinas fuera de Catalunya y únicamente se anuncia la intención de vender la gestora de fondos.
Paralelamente la entidad continúa inmersa en la aplicación del ERE, a la espera de la vista en la Audiencia Nacional prevista para el 6 de febrero tras la impugnación por parte de un sindicato. Recientemente los sindicatos que acordaron las condiciones del ERE y forman parte de la comisión de seguimiento, han informado de múltiples irregularidades en la aplicación de los acuerdos. Algo que por desgracia no sorprende en absoluto y hace incomprensible el papel sindical, permisividad y pasividad parecen definirlos.
En el caso que finalmente la entidad venda esta nueva cartera de activos dudosos a algún fondo buitre, se debería hacer a precio de derribo con la consiguiente pérdida para la entidad y sus propietarios ( contribuyentes que solo pagan derramas sin derecho a voto ). Nuevamente se evidencia que la suspensión de la segunda subasta por el empecinamiento de De Guindos encarece el coste para todos.
Fuentes: La Vanguardia, edición impresa
No hay comentarios:
Publicar un comentario