No es un referéndum

Por mucho que insistan los medios y aunque también les hubiese encantado a los políticos catalanes, en general, no es un referéndum lo que se propone, sino una consulta. El matiz no es menor, más bien es superlativo y aunque toda la maquinaria estatal ya está trabajando en su impugnación, la realidad es que el camino que se emprende es de difícil retorno, ya nunca volverá a ser igual, pase lo que pase.

La ley de consultas aprobada por el parlamento de Catalunya no es refrendaria, no vincula, y de sus resultados no emana ninguna consecuencia jurídica, pero si política. Así que toda la ilegalidad que supuestamente trasgrede la constitución se debe a que lo que se plantea en la pregunta no es políticamente aceptable.

España ha ratificado la mayoría de tratados de la ONU y aunque de ello no se deriva una obligación jurídica, sí que se supone que los países adscritos pretenden el cumplimiento de los derechos universales, existiendo un compromiso para que su aplicación sea una realidad. De hecho la propia constitución española hace referencia a que asume los tratados ratificados por España con las Naciones Unidas.

En cualquier caso esta organización no deja de ser un catálogo de principios que se incumplen de forma reiterada según sean los intereses de sus miembros, no digamos ya los que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Valga como anécdota que España fue miembro de la organización en 1.955, en plena dictadura franquista.

El proceso que ahora ha emprendido Catalunya difícilmente puede ser bloqueado jurídicamente, cierto es que el Gobierno efectuará la impugnación y seguramente el Tribunal Constitucional derogará la ley, básicamente por su marcado perfil político. Pero cuando se recurra a la jurisdicción internacional al haberse agotado las vías de reclamación nacional, se fallará a favor de una ley que solo propone el voto de los ciudadanos, el derecho a expresarse aunque no se tenga plena soberanía ( artículos 2 y 21 de la declaración de Derechos Universales ) parece algo inalienable.

Así que no es más que cuestión de tiempo, apelar a la legalidad o ilegalidad de una consulta no vinculante jurídicamente representa una carencia absoluta de interés por resolver un problema político y la prohibición momentánea no parece que pueda resolver el problema de fondo.

¿ Alguien en España puede imaginar un presidente de gobierno catalán o vasco ? Resulta bastante obvio que Catalunya tiene un encaje muy complicado en España, más si cabe con el actual gobierno. Además de recurrir el estatuto aprobado por los catalanes y ratificado por el parlamento español, aceptando en otras comunidades un texto calcado, sus políticas retrogradas son una fábrica de sentimientos independentistas hacía un gobierno que no les representa en nada.

En realidad el partido gobernante en España es un partido minoritario en Catalunya desde hace muchísimos años, los intereses de unos y otros son casi antagónicos en la actualidad. Eso supone que las inversiones y políticas estatales no tengan nada que ver con las que Catalunya pretende, a lo que habría que añadir la grave crisis económica que atravesamos y la nefasta gestión que hacen los gobernantes en este país cuando consiguen una mayoría absoluta.

En lugar de estar debatiendo con seriedad y rigor las ventajas e inconvenientes de la posible independencia, posicionándose según la ideología de cada uno, se utiliza la constitución como elemento opresor, cuando fue creada con una finalidad muy diferente. Además se apela, con sorna, a que los catalanes consigan con su 16 % de representación estatal la modificación de la carta magna.

En todo este proceso se han utilizado los medios de comunicación a conveniencia, tanto los autonómicos como los estatales, cada uno defendiendo intereses contrapuestos. Si hacemos el extraordinario ejercicio de eliminar toda la desinformación versada por los medios de comunicación, que pretende manipularnos en un sentido determinado ( por eso se subvenciona el cambio de antena de televisión como algo prioritario ), y nos centramos en la esencia de querer expresar una opinión sobre una pregunta más o menos afortunada, resulta bastante cuestionable que este hecho pueda ser ilegal.

Aunque si se trata de incumplir dictámenes de Tribunal Constitucional, habrá que preguntar al actual gobierno de Rajoy cuales son las consecuencias que se derivan, ya que ellos son expertos en esas lides.