El pasado martes el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, con capacidad de aprobar, junto a sus ministros, reales decretos cuando le viene en gana, pidió disculpas ( lo que equivale a solicitar indulgencia ) por los últimos casos de corrupción, haciendo hincapié en que parece que responden a la codicia personal y no a las organizaciones políticas.
Su lamento, entonces, va referido a la mala elección de según qué personajes, valga como ejemplo los dos ordenadores que fueron requeridos por el juez en el caso Bárcenas y se autodestruyeron tras temer entrar en prisión, aunque a los tres meses bien podían obtener el tercer grado gracias a la buena conducta y la firma del ministro del interior. Jaume Matas optó por esta segunda opción a la espera que la justicia dictamine sobre las tropocientas causas pendientes que tiene.
Recientemente el Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años de cárcel a tres personas que propinaron un “tartazo” ( lanzar una tarta, pastel o similar contra alguien ) a la presidenta de Navarra, además la sentencia condena a un año de prisión a otro individuo que si bien no participó en el lanzamiento, levantó los brazos en clara señal de apoyo. Este párrafo inconexo se ha colado aquí sin comprender muy bien porqué.
Otra de los cargos de confianza del presidente que actuó a sus espaldas fue su teléfono móvil, este personaje se dedicó a enviar mensajes de apoyo a Bárcenas cuando ya estaba en prisión, mientras el plasmarote de Rajoy evitaba dar explicaciones públicamente, bueno, en realidad lo que lleva haciendo desde que ganó las elecciones.
Resulta curioso que el PP consiguiese la mayoría absoluta en 2011, cuando en 2009 ya salió a la luz el caso Gurtel. Aquí también la mala suerte en los nombramientos le jugó una mala pasada. El Partido Popular, indignado, se presentó como acusación particular, ya se sabe que ellos son los más interesados en que se imparta justicia.
Sorprendentemente la acusación del PP se dedicó a entorpecer todo el proceso, y como no, a solicitar el sobreseimiento y la absolución, todo ello antes que Suiza respondiese a los requerimientos de la justicia española sobre las cuentas de los imputados en el estado helvético. Finalmente el juez los tuvo que expulsar como acusación particular.
Con la mano férrea que caracteriza al actual presidente, implacable y despiadado ante la corrupción, ejemplarizó con sus medidas ante el escándalo de las tarjetas black. Concretamente, Rato, pidió voluntariamente la suspensión temporal del partido para no ser investigado.
En este caso que saltó a la luz pública porque los gastos de estas tarjetas no tributaron a hacienda , parece que el Inspector de hacienda Blesa y el ex ministro de economía Rato, ambos presidentes de Caja Madrid/Bankia en el pasado, desconocían este aspecto ( y todo en general ), lo más grave no es la tributación al fisco sino contabilizar los gastos en una cuenta de quebrantos de la entidad.
Las cuentas de quebrantos son aquellas donde las entidades financieras contabilizan directamente pérdidas ocasionadas por el desempeño de su actividad, por ejemplo actos vandálicos en mobiliario o cajeros automáticos, operaciones fraudulentas con tarjetas, suplantaciones de personalidad de clientes…etc. Resultaría de idiotas, incluso para un ministro de economía, tributar por unas tarjetas que expolian la entidad.
Al día siguiente de las sinceras disculpas de alguien que ha puesto los medios y legislado para acabar con la corrupción, la Agencia Tributaria remitía un informe al juez Ruz concluyendo que las donaciones ilegales a partidos políticos están exentas de pagar impuestos, exculpando así al PP del delito fiscal que investiga el magistrado.
Según el informe, solo estarían obligadas a tributar las donaciones que no se hubiesen destinado a la actividad esencial del partido político, considerando esenciales los gastos electorales, retribuciones o inversiones en la sede de la entidad.
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