“Pero en lo alto de esa lista están los gestores de las entidades que no son capaces de seguir adelante por sus propios medios: los casos más graves son los de quienes además han querido premiarse a sí mismos con bonus inmerecidos que han provocado situaciones lacerantes”. En estos términos se refiere el Comisario de Competencia Joaquín Almunia en una entrevista publicada en El País.
Sus palabras hacen referencia a los culpables que nos han llevado hasta esta situación . A partir de la más que demostrada mala gestión de los directivos de las cajas , se puede cuestionar todo lo demás , reguladores , supervisores , Ministerio de Economía y poder judicial . Pero los que iniciaron la senda hacia el actual desastre tienen nombres y apellidos y ninguno de ellos ha recibido el castigo que le corresponde.
En todo este proceso se ha explicado en reiteradas ocasiones que no era posible dejar caer a las entidades quebradas porque ello conllevaría daños colaterales de gran magnitud . Pérdidas de capital para todos sus clientes ( no solo los estafados con las preferentes y subordinadas , que sin saberlo se convirtieron en accionistas sin derecho a voto ) y el riesgo del efecto dómino que podría arrastrar a todo el sistema financiero.
Bajo esta premisa que diferencia notablemente la actividad del negocio bancario de cualquier otro , adquiere mayor relevancia la cualificación , actitud y aptitud de quien ostenta el timón de la entidad financiera. Las cajas de ahorros no eran un negocio propio de un emprendedor que como tal hace y deshace a su gusto , el máximo dirigente simplemente era nombrado a dedo por los políticos que ostentaban el poder en su momento.
El Director General o CEO no era ni tan siquiera accionista y sin embargo se le daba carta blanca para dirigir la entidad como si fuese su propio negocio , inversiones disparatadas , favores a amigos , salarios elevadísimos sin ninguna justificación …etc , solo debía cumplir con las demandas de aquellos que en su momento le otorgaron la plaza . Un ecosistema perfecto para que la corrupción y el nepotismo campen a sus anchas.
Blesa , Rato , Loza , Todó , Mestre , Mata , Pego , López Abad … etc , la lista es interminable . Rodeados de otros tantos consejeros que no se sabe a qué se dedicaban y que únicamente eran poseedores del carnet del partido que correspondiera , solo hay que revisar las declaraciones de exconsejeros de BFA – Bankia o la CAM para confirmar este extremo. La única misión del consejero era cobrar su salario y de vez en cuando solicitar algún favor propio.
Las consecuencias de todo este entramado de corruptelas las padecemos todos. La transferencia al Estado de la deuda que estos despreciables personajes contrajeron , los garantes de las barbaridades cometidas por estos ilustres somos todos los ciudadanos por imposición europea y el consentimiento de nuestro gobierno. Más deuda significa más intereses y por tanto recortar en otras partidas de un presupuesto estatal maltrecho , por ejemplo en algo tan prescindible como educación y sanidad.
Eso sin tener en cuenta que en 2013 el gobierno deberá encontrar 10.000 millones de € extras para compensar la desviación del 1% en sus cálculos del presupuesto , basados en un descenso del 0,5% del PIB cuando ni ellos mismos se creen las cuentas de Montoro.
Bankia , CatalunyaCaixa y NCG Banco deberán soportar 10.000 despidos ( sobre un total de 34.000 trabajadores aproximadamente) , la reducción del 60% en su tamaño (activos ) y arrebatar parte del dinero de los selectos clientes que son poseedores de acciones , preferentes y deuda subordinada. A cambio recibirán los miles de millones necesarios para sanear los agujeros creados por los brillantes gestores que se han estado forrando en sus reinos de Taifas.
Curiosamente los que han generado el problema solo tienen la imposición de ver reducido su sueldo a 500.000 € , ni Bruselas ni el Gobierno imponen responsabilidad alguna sobre estos malhechores que deberían ser acusados de alta traición , entre otros muchos delitos.
“Artículo 590.
1. El que, con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, provocare o diere motivo a una declaración de guerra contra España por parte de otra potencia, o expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, será castigado con la pena de prisión de ocho a quince años si es autoridad o funcionario, y de cuatro a ocho si no lo es. “
Fuentes: www.elpais.com,www.noticiasjuridicas.com
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