Legislando por imposición europea

El Gobierno del Partido Popular se ha caracterizado durante este periodo por justificar sus decretazos ante la exigencia europea, ya que la situación económica del país lo requería. Aunque todo esto sería cuestionable, ya que la dignidad y la palabra dada no debería quebrarse y para ello existe algo tan en desuso como la dimisión, existen otras leyes que nada tienen que ver con la imposición de Europa.

Para empezar y por ser de las primeras que se aprobaron, la amnistía fiscal es algo que en reiteradas ocasiones ha sido criticado desde Bruselas. Se consideran medidas que provocan más efectos nocivos que recaudación y provoca indignación y desafección en la mayoría de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales. Además no hay que ser muy inteligente para saber qué sector de la población puede beneficiarse de esta medida que permite aflorar todo tipo de capitales, generalmente ilícitos.

Hoy mismo Montoro ha reconocido que han aflorado 40.000 millones de € a través de esta medida de gracia que convierte en desgraciados a todos los que no han actuado de la misma forma. Sin embargo, la recaudación real a través de impuestos a ascendido a unos 1.200 millones de €, lo que supone una tributación del 3 % cuando lo estipulado era el 10 %. La justificación a esta paupérrima recaudación responde a la prescripción de la mayor parte de este capital ya que fue generado con anterioridad al 2007.

No hace mucho y después de la resolución favorable del Tribunal Constitucional al gravamen a los depósitos bancarios, que se aplicaba en algunas autonomía y otras tantas tenían previsto instaurar, el gobierno legisló una tasa que gravaba a los depósitos bancarios unificada en todo el territorio nacional al 0 % de interés. Sobre este tema Europa es totalmente neutra, seguramente podría ser incluso partidaria por obtener más recaudación, pero lo más grave de todo es legislar para puentear al Tribunal Constitucional, algo muy democrático y que evidencia a quien se quiere favorecer y a quien se puede recortar.

Más recientemente, el Gobierno pretende modificar la ley ( y teniendo mayoría absoluta ya se sabe ) para que los condenados o imputados en delitos puedan dirigir entidades financieras. Será a criterio del Banco de España, una vez se hayan valorado las circunstancias, quien juzgue la honorabilidad del personaje y si es adecuado al cargo, independientemente de la resolución judicial. Suponiendo el buen criterio del Banco de España, como el gobierno con el indulto del kamikaze, ¿ es necesario legislar para permitir la gobernanza de un condenado ?, ¿ Bárcenas acabará dirigiendo CatalunyaCaixa ?.

Parece evidente que esta medida y las anteriores responden al clamor popular y aunque Europa no las imponga, era obligado sentar las bases de una nueva democracia más justa con la sociedad, protegiendo los intereses de la mayoría de los ciudadanos, que para eso les otorgaron la mayoría absoluta.

Fuentes : www.elpais.com