A poco más de un mes de imponer fuertes pérdidas a los tenedores de preferentes y deuda subordinada perpetua de las entidades nacionalizadas, el PP y PSOE han llegado a un acuerdo para que se instrumente el arbitraje de los afectados con la intervención del Banco de España y la CNMV. Hasta ahora este procedimiento se efectuaba a través de las agencias de consumo autonómicas.
Al parecer serán el BdE y la CNMV los que confeccionarán el perfil de cliente que puede someterse al arbitraje, ¿ Cuál es el perfil de la confianza ?. Realmente resulta muy difícil encontrar un perfil de inversor para contratar un título que corresponde a deuda perpetua, sin derecho a voto y sin liquidez. De lo que se deduce que cuando se comercializó se debió omitir información a los clientes necesariamente.
El problema de los clientes afectados por las preferentes ha llegado a ser considerado un problema de Estado, visto el pacto de los partidos mayoritarios y la intervención de las máximas instituciones financieras del país. No deja de ser curioso que alcanzando tamaña magnitud , no exista ni un solo responsable culpable de la comercialización, para esto no debe haber existido acuerdo entre los partidos que han recibido fondos en innumerables ocasiones de estas entidades financieras.
Sobre cómo se comercializaron estos títulos ya está todo más que dicho, igual que con los bonos convertibles del Santander, las acciones de Bankia o los cambios de compañía de suministros energéticos que hacen los comerciales puerta a puerta en domicilios de personas mayores e indefensas.
Tampoco extraña en demasía que los políticos y las instituciones acuerden formar una comisión que dé alguna posibilidad de recuperar el dinero provocado por la estafa, pero no tengan intención alguna en depurar responsabilidades. Solo hay que ver el nivel de corrupción y corruptelas que estamos alcanzando, la crisis institucional es casi mayor que la económica.
Respecto a la deuda subordinada con vencimiento no hay pacto ni arbitraje, aquí parece ser que no hubo malas prácticas a criterio de los poderes económicos y políticos del país. Tampoco ha existido mala praxis al imponerles pérdidas arbitrariamente sin haber declarado la situación concursal del banco, ni seguir el orden de prelación establecido, obligando previamente a perder todo el capital a accionistas y preferentistas estafados.
El argumento de la imposición del MoU, negociado y aceptado por nuestro gobierno, también cae por su propio peso, ya que cuando se ha querido se ha obviado. Y si no, que se lo pregunten a CaixaBank.
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